El compromiso y la conducta de la Iglesia Católica en la vida política

Por: Pbro. Javier Alexis Agudelo Avendaño, párroco de Jesucristo Buen Pastor

“El pueblo de Israel, en la fase inicial de su historia, no tiene rey, como los demás pueblos, porque reconoce solamen­te el señorío de su Señor Dios” (cfr. 1 Sam 8, 5). El texto nos presenta a Dios quien interviene en la historia mediante hombres carismáticos, como atestigua el libro de los Jueces. Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes de las naciones (Mc 10, 42) y su pretensión de ha­cerse llamar benefactores (Lc 22, 25), pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo.

La sujeción, no pasiva, sino por razones de con­ciencia (Rom 13, 5), al poder constituido respon­de al orden establecido por Dios. San Pablo define las relacio­nes y los deberes de los cristianos ha­cia la autoridad (Rom 13, 1-7).

Comunidad política, persona humana y pueblo

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En el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su Art. 384 leemos: “La persona humana es el fundamen­to y fin de la convivencia política, (GS N. 25). Dotada de racionalidad, ella es responsable de las propias op­ciones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el ámbito personal y social. La apertura hacia la Trascendencia y hacia los demás es el matiz que la caracteriza y la distingue: solamente en la relación con la Tras­cendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. Esto significa que, para el hombre, criatura naturalmente social y política, la vida social no es algo ac­cidental sino una dimensión esencial e ineludible. Ese orden del cual se habla debe ser descubierto y desarrollado por el mismo hombre. El crecimiento de cada uno de los miembros de la so­ciedad, hace que se integren y trabajen por el bien común. 

Relación entre la Iglesia Católica y el Estado 

La relación entre la Iglesia y el Estado comporta, por tanto, una distinción sin separación, una unión sin confusión (Mt 22, 15-21). Esa relación será correcta y fructuosa si sigue tres principios fundamentales: primero, aceptar la exis­tencia de un ámbito ético que precede e informa la esfera política; segundo, distinguir la misión de la religión y de la política; tercero, favorecer la cola­boración entre estos dos ámbitos.

Hay que tener presente que la religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados, pues el hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada a cumplir tanto sus deberes religiosos cuanto sus deberes sociales, econó­micos y políticos. Es necesario, sin embargo, que los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana.

Respetando cada una el fuero que le corresponde, es necesario hacer un es­fuerzo porque existan una conciliación entre sí, teniendo presente que en cual­quier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo es de mayor importancia que esa dis­tinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles. Puede decirse que en estas pa­labras se resume el modo en que los católicos deben vivir la enseñanza del Señor: “Dad, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21).

Puntos de cooperación entre la Iglesia Católica y el Estado 

Los seres humanos viven en el contex­to de la historia, pero al mismo tiempo, se esfuerzan por preservar su vocación eterna (cfr. GS 76). Por eso, en temas referentes al orden temporal, hay as­pectos en los que claramente la Iglesia y el Estado pueden colaborar.

En la historia moderna del continente africano, por ejemplo, dicha colabora­ción ha sido manifiesta, especialmente en lo referente a la sanidad y la educa­ción. En el siglo XX la Iglesia Católica fue el mayor proveedor de servicios educativos en los Estados africanos. Baur (1994) indica que “las escuelas de misión han sido el mayor servicio hecho a nuestras naciones africanas en vías de desarrollo”. También los hos­pitales de las misiones han tenido un papel importante en la mejora de la calidad de vida de muchas personas en nuestro continente. En Colombia se sigue esta misma línea. La Iglesia sin llegar a ser un partido político con ideales religiosos, ayuda al estado el desarrollo de muchos programas de in­terés social, siendo la caridad su ban­dera.

La Iglesia es garante de los derechos fundamentales de la persona, en espe­cial: la vida. Ha sido y seguirá siendo una institución neutral de los diálogos de paz con todos los grupos al margen de la ley. De acuerdo a los paráme­tros de la Doctrina Social de la Igle­sia, debe formar líderes políticos con bases sólidas en valores éticos y mo­rales. Está al frente de muchas obras de caridad, de hospitales, ancianatos. orfanatos y muchas obras sociales he­chas con la caridad de la gente, otras en sintonía perfecta con el Estado. No reconocidas públicamente porque el interés de la Iglesia es asumir el servi­cio como el Maestro lo enseña: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha” (Mt 6, 3) y “Hijo del Hom­bre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28).

El Papa san Juan Pablo II nos recuer­da que “el motivo fundamental de la colaboración entre la Iglesia y el Es­tado es el bien de la persona humana” (Concordato), su trabajo en los ám­bitos de la sanidad y la educación ha contribuido sin duda a mejorar la cali­dad de vida de la gente. Pero la calidad de la vida humana exige también una transformación a nivel espiritual. Por ello, la Iglesia se esfuer­za constantemente por actuar como levadura en su relación con las socie­dades humanas para que puedan ser “renovadas en Cristo y transforma­das en familia de Dios” (GS 40).

Los aspectos en que la Iglesia y el Estado pueden colaborar se de­terminarán “teniendo en cuenta las circuns­tancias de lugar y tiempo” (GS 76). En las situaciones de persecución se vuelve difícil hallar ámbitos de cola­boración, pero como destaca el Santo Padre: “Una Iglesia que goza de liber­tad desea ser aliada del Estado en la colaboración por el progreso humano y el bien común” (Concordato). De todos modos, la cooperación con el Estado nunca pone en entredicho la misión profética de la Iglesia de inci­tar al Estado a adoptar formas siempre más eficaces de colaboración, porque la Iglesia “es al mismo tiempo signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana” (GS 76).

¿Por qué la Iglesia Católica opina sobre gobierno y/o legislaciones? 

La instauración de la evangelización y de las misiones de españoles sobre quienes habitaban el suelo que luego se denominaría Colombia, dejó una impronta que marcará una línea tota­litaria para entender el significado del ser cristiano y su relación con el ser na­cional a lo largo de toda la historia del catolicismo colombiano.

La comunidad política se encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión: ella es, y debe ser en reali­dad, la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. “El pueblo no es una multitud amorfa para manipular e instrumentalizar, sino una comuni­dad de personas, cada una de las cua­les, en su lugar y a su modo, tiene la posibilidad de formarse su propia opi­nión sobre la cosa pública, y la liber­tad de expresar la propia sensibilidad política y de hacerla valer de manera coherente con el bien co­mún” (Doctrina Social de la Iglesia Art. 385).

Estas opiniones son ex­presadas por sus jerarcas quienes tiene la potestad de gobierno. Hay que te­ner presente que la Igle­sia se organiza territo­rialmente en el mundo en Diócesis y Arquidiócesis de acuerdo con la legisla­ción canónica. De mane­ra que las decisiones que tome el Estado y la legislación, afectan a los fieles de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia debe salir en defensa de sus derechos. A pesar de que en la Cons­titución del 91 diga que somos un país laico, la gran mayoría de los laicos son miembros de la Iglesia Católica por el bautismo según el Código de Derecho Canónico (cc. 96;204).

La sociedad humana, venerables her­manos y queridos hijos, tiene que ser considerada, ante todo, como una rea­lidad de orden principalmente espiri­tual: que impulse a los hombres, ilu­minados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimien­tos; a defender sus derechos y cum­plir sus deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados continuamente a compartir con los de­más lo mejor de sí mismos; a asimilar con afán, en provecho propio, los bie­nes espirituales del prójimo (Doctrina Social de la Iglesia Art. 386). Así, la Iglesia puede y debe señalar que una ley es injusta porque es contraria a la ley natural (leyes sobre el aborto o el divorcio, la eutanasia), o que determi­nadas costumbres o situaciones son in­morales, aunque estén permitidas por el poder civil, o que los católicos no deben dar su apoyo a aquellas personas o partidos que se propongan objetivos contrarios a la ley de Dios, y por tanto a la dignidad de la persona humana y al bien común (GS 40-41).

El pluralismo social de los católicos 

Todo lo dicho concuerda con el legí­timo pluralismo de los católicos en el ámbito social. En efecto, los mismos objetivos útiles se pueden conseguir a través de diversos caminos; es, por tanto, razonable un pluralismo de opi­niones y de actuaciones para alcanzar una meta social. Es natural que los partidarios de cada solución busquen legítimamente realizarla; sin embargo, ninguna opción tiene la garantía de ser la única alternativa adecuada –entre otras cosas porque la política trabaja en gran parte con futuribles: es el arte de realizar lo posible– y, aún menos, de ser la única que responde a la doc­trina de la Iglesia: “A nadie le está per­mitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia” (GS 43).