1.Que el Catatumbo es y ha sido una zona del departamento inmensamente rica, explotada históricamente en sus recursos naturales y energéticos, especialmente el petróleo; pero sumida en la pobreza y la miseria, a causa de la presencia ineficiente del Estado en inversión social e infraestructura para un desarrollo incluyente y equitativo. (La región es reconocida en el Plan de Desarrollo Departamental “ Un Norte Pa´ Lante” como una zona con los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas del Departamento y por encima de la media nacional).
2.Que esta situación ha sido analizada en múltiples foros, estudios, seminarios, documentos pero sin respuestas reales y oportunas que satisfagan dichas problemáticas. La política pública del Plan Fronteras para la Prosperidad, Plan de Consolidación y CONPES Catatumbo, se han quedado cortas en materia de inversión para el desarrollo en infraestructura social como hospitales, vías terciarias y secundarias, calidad educativa, vivienda rural, generación de empleo y saneamiento básico.
3.Que la Gran Alianza para el buen gobierno está de acuerdo con la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, pero las soluciones han pasado por la represión, programas como plante y p´alante, fumigaciones y erradicación manual, que no han hecho sino desplazar los cultivos generando mayor afectación al medio ambiente y posponiendo el problema económico y social de los pobladores de la región. En ese sentido se deben buscar soluciones concertadas, duraderas e integrales que respondan a las necesidades de la comunidad.
4.Que la Gran Alianza apoya las zonas de reserva campesina puesto que son parte de la política agraria del gobierno y está en corcondancia con la normatividad que el Estado establece sobre esta figura.
5.Que las protestas que se vienen presentando como mecanismo de presión para alcanzar soluciones a sus problemáticas son legítimas y amparadas constitucionalmente, pero se censura la violencia como método para alcanzar los objetivos propuestos.
6.Que la vía de la concertación y el dialogo directo, son los mecanismos más idóneos para la búsqueda de una solución negociada a la problemática.
7.Que una vez alcanzado un acuerdo se nombre una comisión nacional e internacional de verificación del cumplimiento de los mismos.
8.Hacemos desde la sociedad civil un llamado a la cordura y al uso de la no violencia a la vez que instamos para que los entes constitucionales como Defensoría del Pueblo, Procuraduría y personerías estén atentos para que se respeten y garanticen los Derechos Humanos y evitar así el escalamiento de la confrontación y el dolor y muerte de hermanos colombianos.
9.La Gran Alianza para el Buen Gobierno recomienda al gobierno nacional la consulta y participación activa de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas que se construyan para esta región del país.
10.Que esta situación es una oportunidad para pensar el futuro, con una visión de desarrollo humano equitativo incluyente y participativo, que vaya más allá de las buenas intenciones.
11. Hacemos igualmente un llamado a la clase política para que la vocería en favor de las comunidades sea un compromiso real por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la región.
“La Gran Alianza Nortesantandereana, es un espacio abierto de dialogo, concertación, articulación, incidencia e interlocución, de la sociedad civil organizada, la iglesia católica y la academia con las autoridades (municipales, departamentales, nacionales y binacionales) para la construcción de región en su condición de frontera desde el buen gobierno, la equidad, y la construcción de paz y la definición de un modelo de desarrollo integral propio, incluyente y sostenible”. Documento Fundacional.
Mons. Julio Cesar Vidal Ortiz
Vocero Gran Alianza
Dr. Elio Daniel Serrano V.
Rector Universidad de Pamplona por la academia
Dr. Eimer Barajas
Frondeter por Organizaciones Sociales